Los abusos, aun en el estado más sólido, son minas sordas que tarde o temprano estallan
Joseph Sanial-Dubay
¿Cuántos días tardaría en colapsar la economía nacional, si las autoridades mexicanas determinaran incautar todas las cuentas de las instituciones bancarias, sólo para demostrar que algunas de ellas sirven para esconder dinero de los criminales? ¿y los que no lo son y resultan afectados con la medida? Pues que se aguanten, para que escogen el mismo banco que los delincuentes, respondería la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), porque así lo ha hecho en Cancún, con el aseguramiento de más de mil 500 cajas de seguridad en Cancún, Quintana Roo.
¿Pero que no, se supone, que antes de resguardar un bien la SEIDO tiene que realizar la investigación respectiva para determinar que un bien tiene por lo menos un sospechoso origen ilícito? Pues sí, pero al parecer la dependencia determinó “ir a lo seguro” al resguardar las mil 500 cajas de la empresa First National Security de México, afectando con ello a igual número de usuarios y anunciándoles que tendrían que acudir a la ciudad de México para acreditar la legal posesión de los bienes. De nuevo, imagínese que la misma medida fuese aplicada a las cuentas bancarias el tamaño del colapso, pero sobre todo lo irregular del procedimiento.
El hecho se suscitó desde el domingo por la noche y hasta ahora versiones ha habido muchas pero ninguna oficial; mientras elementos de la Marina resguardan las instalaciones de FNS en el polo turístico más importante de Latinoamérica, no se sabe qué buscan, pero tampoco han autorizado amparo alguno a los dueños de la empresa para impedir la destrucción de las cajas. Entre los rumores de dueños de las mismas se ha mencionado a los ex gobernadores Roberto Borge Angulo y Félix González Canto; pero también Leticia Rodríguez Lara, detenida hace unos meses y acusada de ser una de las principales narcotraficantes de la región.
Y si no fuera suficiente, han surgido también los nombres del actual alcalde de Benito Juárez-Cancún, Remberto Estrada Barba, y hasta del arzobispo de la Prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo. Más allá de los nombres, lo que destaca es el artero proceder y la nula información y, por supuesto, las afectaciones a todos aquellos que ninguna culpa tienen; por cierto, desde este lunes, en otras entidades como Yucatán, los usuarios de cajas de seguridad comenzaron a vaciarlas. Ojalá el “pulcro” operativo de Cancún resulte efectivo para las autoridades, porque el escribiente duda que les resulte en otra entidad, de plano parecen “chivo en cristalería.”
PERIODISTAS EXIGIMOS LEY
Ante los ataques y amenazas de criminales aun no identificados, desde ayer la Asociación Civil Periodistas del Caribe solicitó a la XV Legislatura de Quintana Roo aprobar la modificación a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que hasta ahora “duerme” en el Congreso local. Los diputados y diputadas son corresponsables de lo que ocurra a los representantes de los medios de comunicación, en tanto no brinden los mecanismos legales efectivos para su protección, señala el documento entregado. Suscribo, así, en primera persona. Nos leemos en la próxima.